La ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) establece claramente los criterios que deben regir la designación de la persona que la dirija. Por años, sin embargo, los gobernantes de turno han ignorado esos elementos, restándole al cargo la independencia que exige el estatuto, opinaron ayer, miércoles, expertas consultadas por El Nuevo Día.

En el pasado, los gobernantes no solo han hecho las designaciones desde una mirada partidista, sino que no han solicitado ni escuchado las recomendaciones y opiniones de los grupos no gubernamentales que trabajan con los derechos de las mujeres y la equidad de género, en contraposición a lo dispuesto en la Ley 20 de 2001.

“Hemos visto, en los últimos años, cómo las personas que han ocupado la posición se ubican como un funcionario público, parte del gabinete del gobernador, y no necesariamente como una procuradora que viene a una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra, y ahí he visto que se da un desfase”, dijo Vilma González, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para la Mujer.

En su Artículo 4, la Ley 20 de 2001 establece que la designada al cargo de procuradora “deberá ser una mujer de reconocida capacidad, profesional e independencia de criterio y que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen”.

Además, debe ser una mujer que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género.

“Creo que abonaría muchísimo si ha tenido alguna experiencia trabajando, de alguna forma, con las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con las mujeres”, afirmó González.

El pasado viernes, tras casi cuatro años en el cargo, Lersy Boria renunció como procuradora de las Mujeres. Desde entonces, suena para sustituirla la exsenadora Zoé Laboy.

La OPM, opinó González, tiene que dejar a un lado ese elemento de “agencia de servicios” en la que se ha convertido, a pesar de que no fue concebida así en la ley.

“Hay organizaciones que hacen ese trabajo. La OPM debe estar concentrada, como lo establece la ley, en los poderes investigativos y fiscalizadores y para implementar la política pública”, sostuvo.

Al igual que González, la socióloga y profesora Sara Benítez insistió en la necesidad de que la próxima designada al cargo respete la “independencia de criterio” que exige la ley.

“Que tenga ese compromiso en defensa de los derechos de todas las mujeres. Que valore las diferencias y la diversidad, y que logre mantener la gestión lejos de toda línea política partidista”, dijo Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres.

Recordó que, bajo la administración de Alejandro García Padilla, el movimiento de mujeres presentó una propuesta para convertir la OPM en una defensoría de las mujeres y la equidad de género. Bajo esta visión, la designación estaría atada a un consejo directivo diverso, que permita una rendición de cuentas adecuada a las organizaciones, explicó.

“Es parte de lo que hemos denunciado porque no hay rendición de cuentas ni transparencia”, dijo.

La propuesta no prosperó y, en su lugar, se sugirió la de las procuradurías. “Ese secuestro que hay de la política partidista a la OPM ha impedido que la oficina y el trabajo que desde allí se hace respondan verdaderamente a las preocupaciones y necesidades de las mujeres”, afirmó.

Sin embargo, Benítez señaló que el elemento de rendición de cuentas no tiene que estar atado a una acción legislativa, sino que podría ser parte del compromiso que tenga quien sea designada al cargo, nombramiento que tiene vigencia de 10 años.

Abordada sobre el intercambio que debe mediar con el Ejecutivo durante una designación, Benítez indicó que no ha existido desde que el exgobernador Luis Fortuño nominó a Johanne Vélez, quien no fue confirmada por el Senado.

“(El gobernador) debería solicitar y evaluar las recomendaciones de las organizaciones y grupos que trabajan con los derechos de las mujeres y la equidad”, recalcó.