El inicio esta próxima semana de vistas públicas en la Cámara de Representantes para atender un nuevo proyecto de prohibición de terapias de conversión y otro que prohíbe tratamientos hormonales sobre menores de edad para ayudarlos en la transición a su verdadera identidad de género ha provocado cuestionamientos sobre la participación de grupos interesados en vistas públicas.

Se trata de los Proyectos de la Cámara 768 y 683. Ambos serán atendidos por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad y, en segunda instancia, por la Comisión de lo Jurídico, dirigida por el representante Orlando Aponte. Inicialmente la medida 683, que prohíbe las terapias de conversión, había sido referido a la Comisión de lo Jurídico, pero luego el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hermández Montañez, movió la jurisdicción a la comisión de Burgos Muñiz.

Finalmente, se acordó compartir la jurisdicción, pero Jurídico en segunda instancia.

El PC 768, presentado por Burgos Muñiz, enmienda la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato, maltrato institucional –si aplicara- someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.

También obliga a la Policía y al Departamento de Justicia a atender querellas contra personas que sometan a un menor a una terapia afirmativa que incluya tratamientos hormonales o cirugías.

La medida expone a padres o tutores de menores sometidos a estos tratamientos a pena de cárcel de hasta 12 años y una multa de $5,000. En cuanto a profesionales de la salud que recomienden tratamientos de este tipo a menores de 18 años, estarían expuestos a ser disciplinados por sus Juntas Examinadoras y a una multa fija de $30,000. En el caso de las compañías aseguradoras, se exponen a una multa fija de $100,000 si incluyeran en sus coberturas tratamientos hormonales para menores.

En la exposición de motivos no se indica que el asunto que se quiera atender haya provocado una crisis en el país, no se ofrecen ejemplos de tratamientos mal llevados en la isla y tampoco se ofrecen cifras sobre cuán común es la práctica de administrar hormonas que detengan el desarrollo sexual a menores de edad.

En entrevista con El Nuevo Día, Burgos Muñiz reconoció que no tiene las estadísticas.

“La información sobre menores es sensitiva’, dijo. “Pero se hacen (a menores). Es información que se me trajo de forma confidencial y si están dispuestos a deponer...”, dijo.

El PC 683, que propone la creación de una nueva ley de prohibición de terapias de conversión, es de la autoría de Torres, Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández.

La nueva ley propuesta en la Cámara establecería como política pública que ningún profesional dedicado a proveer servicios de salud mental podrá someter a una persona a terapias reparativas o de conversión que sean contrarias a la voluntad del paciente o atenten contra su dignidad.

Cualquier profesional de la salud mental que someta a una persona a una terapia de conversión incurrirá en conducta poco profesional, estará sujeto a la suspensión inmediata de su licencia y, de determinarse que “a propósito, con conocimiento o temerariamente”, brindó terapias de conversión incurriría en un delito menos grave, y sería sancionado con pena de reclusión por un término fijo de un año y una multa de hasta $5,000.

No obstante, el proyecto dispone que igualmente será política pública que las intervenciones de profesionales de la salud mental estén acorde a los parámetros constitucionales aplicables de la libertad de expresión profesional. “El proyecto reconoce el ‘professsional speech’, que consiste en que un profesional de la salud o un religioso puede hablar con una persona que busque ayuda, puede orientarla sobre su situación o puede asistirla en un proceso”, dijo Torres a El Nuevo Día.

La medida no define la libertad de expresión profesional, aunque en la exposición de motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018). En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló el Tribunal Supremo que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.

En el proyecto se define terapias de conversión o reparación como “un tratamiento o práctica psicológica o psiquiátrica realizada por un profesional o entidad licenciado o certificado dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad del paciente o que suponga un atentado contra la dignidad humana, es decir que: afirme que la terapia resultará en una reversión de la orientación sexual o identidad de género del cliente...”.

Torres argumentó que su expectativa, “a diferencia de cómo se manejó el tema en el Senado”, es que en la Cámara se dé un proceso “amplio de escuchar a todos los sectores y ser inclusivo”. El senador José Vargas Vidot dirigió el proceso en el Senado y celebró dos kilométricas vistas públicas en que atendió múltiples sectores, incluyendo a objetores del Proyecto del Senado 184, que se encuentra en una especie de limbo legislativo.

“Los cuatro pilares de mi proyecto es prohibir las terapias de conversión, sea físicas, emocionales o sicológicas, que se respete la patria potestad de los padres o tutores sobre los menores, que se respete el profesional speech y se respeten la libertad que tenga un religioso o un consejero para orientar a menores y adultos que vayan en búsqueda de ayuda espiritual”, señaló Torres.

Cuando se preguntó si tantas salvedades troncharían la intención de la medida, Torres contestó: “¿Cómo se le va a prohibir a un ser humano que cree en una fe religiosa solicitar un consejo espiritual buscando ayuda? Es una prohibición indebida. Lo que no puede hacer el religioso o el profesional es decirle a la persona que no puedes tener cierta preferencia (realmente es orientación) de género porque entrarías en una terapia de conversión y tampoco en decirle que no puedes cambiar te el sexo si es lo que quiere hacer”, argumentó el legislador popular.

Burgos Muñiz reconoció que la falta de estadísticas sobre terapias de conversión en la isla podría comprometer el futuro de la medida.

“Si no me han dado la oportunidad de investigar para constatar”, dijo al recordar que presentó una resolución para investigar el fenómeno, pero no ha sido referida todavía a su comisión. “Tengo que investigar responsablemente para ver si existe o no. Sería irresponsable decir una cosa, pero obviamente (el proyecto) se menoscaba por la falta de una investigación”, señaló.

Preguntada entonces por qué le da vista pública a un proyecto de terapias de conversión si desconoce la prevalencia de los casos en la isla, respondió que las fechas de las vistas fue determinada por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y señaló que los coautores de la medida quieren que se vea en esta sesión, que finaliza el 30 de junio.

Durante las vistas del PS 184 en el Senado múltiples víctimas de estos procedimientos, descritos como humillantes y maltratantes, sí se dan en la isla, pero muchas veces en la clandestinidad, por lo que no existen oficiales sobre querellas presentadas.

Reclamo de CABE

Esta mañana, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) acusó a Burgos Muñiz de intentar acallar las voces que se opondrían a ambas medidas, que la organización describe como “homofóbicas y transfóbicas”.

En declaraciones escritas, Amárilis Pagán, coportavoz de CABE, denunció que no fue hasta ayer que la comisión que dirige Burgos Muñiz les solicitó memoriales a ser entregados a más tardar el lunes y que esa tardanza se debe a un esfuerzo por limitar que opositores a las medidas se expresen. La petición de los directivos de la comisión cameral se dio luego de que miembros de CABE se enteraran sobre la celebración de las vistas y se comunicaran con la comisión.

La comisión que dirige Burgos Muñiz sí se acercó a otra organización, Matria, el 20 de mayo para solicitarle ponencias y anunciarles el calendario de vistas públicas a celebrarse de 9:00 a.m. a 5 p.m. el miércoles, jueves y viernes.

“Quiero darle participación a todo el mundo”, dijo.

Burgos Muñiz le dijo a El Nuevo Día que solo está siguiendo el reglamento de la Cámara en cuanto a la entrega de los memoriales a las comisiones y señaló que se enteró sobre las fechas de las vistas la semana pasada. Ayer el representante Torres le envió a Burgos Muñiz una carta con una lista de 23 individuos y organizaciones que deben ser citadas y Burgos Muñiz aseguró que se comunicó con todos. Torres incluyó a CABE, la Asociación de Psiclogía, varios colegios que agrupan profesionales de la salud, el sacerdote Carlos Pérez y la Fraternidad de Concilios Pentecostales y Puerto Rico por la Familia.

“CABE y sus organizaciones integrantes y aliadas, estamos interesadas en someter ponencias sobre ambos proyectos. Estas medidas ameritan una mirada basada en la ciencia, las mejores prácticas médicas y de salud mental y en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas, pero particularmente de las personas de las comunidades LGBTTIQ+ que podrían afectarse con la aprobación de dichos proyectos”, lee la misiva firmada por Osvaldo Burgos Pérez, coportavoz de CABE.

En entrevista con El Nuevo Día, el activista Pedro Julio Serrano, señaló que el PC 768 busca prohibir unas terapias avaladas por la ciencia.

“Para aplicarlas interviene un equipo multidisciplinario y necesitan el aval de ambos padres o tutores y la autorización. No es que se les dan hormonas, es que se les dan unos bloqueadores hormonales para que, en el momento que sea adulto, tenga su tratamiento hormonal y sus terapias con un equipo que incluye ginecólogos, si aplica, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales. En Puerto Rico nadie se ha quejado de estas terapias o han denunciado que sean crueles o dañinas, como lo son las terapias de conversión. Igualarlas lo que busca es desinformar y confundir a la gente”, señaló.

Según Serrano, prohibir, por ejemplo, que un adolescente de 16 años, reciba tratamientos hormonales para detener un desarrollo sexual no deseado, provocaría que el individuo confronte problemas al iniciar el proceso una vez sea adulto. “Si el joven lo acepta y los padres lo permiten, ¿por qué el Estado va a prohibir algo avalado por la ciencia?”, cuestionó.

Burgos Muñiz argumentó que el desarrollo mental de los adultos se desarrolla mucho después de los 16 años.