A juzgar por el acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el grupo organizado de prestamistas de las líneas de crédito para la compra de combustible (“fuel lenders”) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el acuerdo suplementario bajo el que LUMA Energy opera la red eléctrica podría extenderse hasta el 1 de diciembre de 2023, cuando entraría en vigor el Plan de Ajuste de la corporación pública (PDA-AEE).

De igual forma, aunque el acuerdo (RSA, en inglés) entre la JSF y los llamados “fuel lenders” provee un recorte inicial de 16% en esa acreencia, estos podrían recuperar la totalidad de lo prestado a la AEE a medida que se amortice esa deuda, proceso que podría extenderse por espacio de 50 años.

Ambos datos surgen del acuerdo que pactaron la semana pasada, la JSF y las firmas que administran las líneas de crédito otorgadas inicialmente por Scotiabank de Puerto Rico y Citigroup. El acuerdo se anunció en la noche del pasado jueves, el mismo día en que la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concedió otros siete días al Equipo de Mediación de la AEE con la expectativa de que las partes lleguen a un acuerdo. El nuevo plazo para la presentación del PDA-AEE vence este jueves, 8 de diciembre.

Según la sección 9 del RSA entre la JSF y los “fuel lenders”, el pacto entre las partes podría terminar si el PDA-AEE no es confirmado para el 1 de agosto de 2023 y si este no entra en vigor para el 1 de diciembre de 2023.

El calendario de Swain

De igual forma, el pacto terminaría si se desestima el proceso de Título III de la AEE y si el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no aprueba el cargo de conexión y el cargo por consumo que la AEE tendría que adoptar para pagar estos préstamos para el 1 de diciembre de 2023 y el tribunal de Título no pide al regulador energético adoptar los cargos requeridos en la factura para esa fecha.

Las fechas incluidas en el RSA de los “fuel lenders” supondrían un cambio a la fecha límite que Swain estableció para poner fin a la quiebra de la AEE.

Cuando en septiembre pasado, Swain dio un ultimátum a la JSF en lo que atañe a la AEE, la jurista expresó a su interés de confirmar el PDA-AEE a más tardar en junio de 2023. Ello implicaría que la aprobación de la Declaración Informativa del plan tendría que darse meses antes.

La Declaración Informativa es el documento requerido en los procesos de bancarrota que justifica la modificación de deudas que se proponga. Su objetivo es que las personas individuales o jurídicas que se vean afectadas por una reestructuración de deudas puedan tener suficiente información para decidir si el plan que se propnne

Empero, el RSA de los “fuel lenders” contempla que la Declaración Informativa esté aprobada para el 1 de abril de 2023 y empuja la fecha de confirmación del PDA-AEE hasta el 31 de agosto de 2023.

El acuerdo con los “fuel lenders” daría a la JSF el respaldo básico que requieren los procesos de quiebra de Puerto Rico según la Ley Promesa para que ese organismo pueda presentar una modificación de deudas en la AEE que pueda ser analizada y confirmada por el tribunal.

Empero, según la orden de Swain, la JSF tendría que presentar un PDA considerando diversos escenarios, pues las partes buscan dirimir si en efecto, la deuda emitida por la AEE es válida.

Lo que se pagará a los “fuel lenders”

De acuerdo con la JSF, los prestamistas de las líneas de crédito de la AEE para la compra de combustible cobrarían unos 84 centavos de dólar. La acreencia de estos por concepto de rondaría unos $700 millones.

El RSA de los “fuel lenders” reconoce a estos acreedores como principales y el pago de los bonos saldría, a su vez, del cargo de transición, que se dividiría en dos cargos a incluirse en la factura a los abonados de la AEE. Uno de los cargos, conocido como cargo de conexión, sería fijo, mientras el segundo cargo -por volumen- dependerá del consumo eléctrico de los hogares o los negocios.

En ese sentido, el RSA de los “fuel lenders” deja inalterado el estado de derecho actual en lo que atañe a la deuda de la AEE. El pago a los “fuel lenders” se considera parte de los gastos operacionales de la AEE como también sería el pago de pensiones.

Sin embargo, ese rango de prioridad es uno de los asuntos que objetan los bonistas de la AEE.

De otra parte, al examinar el RSA de los “fuel lenders”, los prestamistas prácticamente recuperarían toda su acreencia, incluyendo intereses.

Los “fuel lenders” recibirían los bonos principales (Serie A) y un segundo bono subordinado (Serie B).

Según el documento, los bonos principales que recibirían los “fuel lenders” representarían la recuperación equivalente a 84 centavos, pero los bonos subordinados permitirían recuperar el restante 16%. Estos bonos subordinados no se pagarían hasta que la AEE pague en su totalidad la Serie A.

Aparte de los bonos, los “fuel lenders” recibirán $15 millones por sentarse a la mesa de negociación y hasta $11 millones en reembolsos de honorarios para abogados y asesores.

Según el expediente de los casos de Título III, el grupo de acreedores identificado como “fuel lenders” está integrado por 10 fondos de inversiones y estos, a su vez, son administrados por dos firmas. Cortland Capital Market Services LLC es la entidad que sustituyó a Scotianbank como administradora de esa línea de crédito. Mientras, Solus Alternative Management hace lo propio con la línea de crédito que antes otorgó Citigroup.

Los fondos que compraron las líneas de crédito que antes otorgó el sindicato encabezado por Scotiabank y Citigroup son: Anchorage Capital Group, Brigade Capital Management, Davidson Kempner Capital Management, Hain Capital Investors Master Fund, Marathon Asset Management, Moore Capital Management, Serengeti Asset Management, Silver Point Capital, Solus y Whitehaven Asset Management.