La jueza de distrito federal a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, fijó para el 28 de febrero de 2023, la vista en la que se discutirá la Declaración Informativa del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE).

Se trata de una decisión preliminar, pues las partes que se opongan a esa fecha tienen hasta mañana para oponerse al pedido que la JSF hizo el pasado viernes.

“Las partes deben saber que el tribunal propone establecer una fecha límite para las objeciones a la Declaración Informativa para el 3 de febrero de 2023, a las cinco de la tarde (hora del Atlántico), una fecha límite para réplicas el 10 de febrero a las cinco de la tarde (hora del Atlántico) y una vista para la Declaración Informativa el 28 de febrero de 2023 a las nueve y treinta de la mañana (hora del Atlántico) en el evento de que el tribunal conceda la moción urgente (de la JSF)”, reza la orden de Swain.

La orden de Swain emitida este lunes fue la respuesta de la jueza a una moción urgente que la JSF radicó justo después de presentar el PDA-AEE el pasado viernes, 16 de diciembre. Entonces, al vencer la primera extensión de tiempo que la jueza concedió luego de una tercera ronda de negociaciones, la JSF presentó su propuesta para modificar sobre $10,000 millones en obligaciones de la corporación pública de manera unilateral, en lugar de recabar el endoso de un grupo mayor de acreedores.

La JSF radicó el PDA-AEE a pesar del rechazo de los bonistas organizados (Ad Hoc-AEE), grupo que asegura que el organismo abandonó las negociaciones en curso.

Desde el pasado viernes, Swain tiene ante su consideración un plan que recortaría en aproximadamente 48.5%, las obligaciones de la corporación pública.

Para que dicho plan pueda ser examinado por el tribunal, el proceso de quiebra requiere, en primer lugar, que el tribunal determine si el deudor, en este caso la JSF como representante de la AEE, ha provisto suficiente información a los acreedores para que estos puedan determinar si la modificación de deudas es favorable a sus intereses o no.

Dicha información se provee en un documento conocido como la Declaración Informativa, un escrito que acompaña y justifica la modificación de pagos que solicita el deudor.

En el caso de la AEE, la Declaración Informativa tiene unas 814 páginas y en esta se incluyen datos acerca de la corporación pública, el proceso de quiebra de Puerto Rico y una narrativa de cómo se modificarían las obligaciones en la mesa, entre otros temas.

Una propuesta “absurdamente compleja”

Para los bonistas y la aseguradora Assured Guaranty, en cambio, el pedido de la JSF es apresurado y la conducta de la JSF durante el proceso de negociación ha causado “serias preocupaciones” en dicho proceso.

“El plan propuesto por la JSF es absurdamente complejo y descansa en una estructura altamente coercitiva y opaca diseñada para forzar a los bonistas individuales –tanto grandes como pequeños- a tomar una decisión Hobson (donde en realidad, solo hay una alternativa) entre recuperaciones diferentes (y diferentemente insuficientes) antes de un proceso de consulta aprobado por el tribunal”, reza la objeción del Ad Hoc-AEE.

Al oponerse al proceso para dirimir la Declaración Informativa, el Ad Hoc-AEE utilizó como apoyo la declaración del directivo de la JSF, Justin Peterson, quien el pasado viernes, aseguró que la modificación propuesta por la JSF descansa en un análisis hecho a la medida para que la corporación pública “pague lo menos posible”.

“Esto es mucho para digerir”, rogó el Ad Hoc-AEE al señalar que desde el pasado viernes, la JSF ha radicado una avalancha de documentos y ahora propone una agenda apresurada para la primera etapa del proceso de confirmación del PDA-AEE.

El Ad Hoc-AEE propuso a Swain que extendiera hasta el 30 de diciembre el período para oponerse al calendario para discutir la Declaración Informativa de la AEE, plazo que la jueza habría rechazado a juzgar por su decisión preliminar.