De cara a la convención de la Asociación de Constructores (ACPR) el 14 y 15 de noviembre, la arquitecta Vanessa de Mari Monserrate entra en su segundo año como presidenta del gremio con la meta de que el gobierno elimine trabas para la construcción de vivienda asequible.

“Ha sido mi prioridad, porque nos hemos dado cuenta de que hace falta más que nunca después del huracán María y los terremotos”, manifestó.

Por ello, explicó que durante el pasado año ha estado activa en el Capitolio y con otros representantes del gobierno explicando los obstáculos para construir vivienda para personas de ingresos bajos a medianos, en particular en lo que toca a límites de precio de venta para proyectos de interés social, que se sitúan por debajo de los costos actuales de construcción.

“Ahora lo que falta es voluntad para tomar decisiones”, afirmó. Esto responde a que la Asamblea Legislativa tiene ante sí una medida enviada por la administración de Pedro Pierluisi (Proyecto A-092) que elevaría a $210,000 el precio máximo de vivienda unifamiliar de interés social y a $250,000 en el caso de multifamiliares. Los límites actuales varían por municipio y tipo de proyecto, pero no pasan de $145,000.

“Estamos confiados en que el proyecto se pueda aprobar en lo que queda de sesión”, expresó sobre la medida que, según dijo, permitiría retomar construcciones detenidas porque las alzas en costos los sacaron del mercado. Aseguró que también hay proyectos asequibles que están “listos para empezar” y agregarían unidades tanto para clientes que cualifiquen para el programa de Asistencia Directa al Comprador, que aporta hasta $60,000 para la compra de un hogar, como para familias de ingresos medianos en busca de vivienda.

Otro factor que impacta todo tipo de proyecto es el alza en costos, puntualizó. Y, aunque el gobierno reconoce que esto amenaza con reducir sustancialmente las obras de recuperación que se podrán ejecutar con los fondos asignados, “no ha pasado absolutamente nada con los costos que el gobierno sí podría mitigar”. Esto incluye cuánto cobran las agencias y municipios por permisos, arbitrios y patentes de construcción; tarifas de impacto o cargos de conexión a la infraestructura existente; impuestos sobre materiales y la tasa entre negocios (B2B) que se exige pagar por “todos los servicios en la cadena de desarrollo”.

“Todos esos cargos pueden representar 17% a 25% del costo de un proyecto. Y todos esos costos aumentan como resultado del incremento en los precios de los materiales y la mano de obra, porque la mayoría son un porcentaje que se cobra a base del costo de la construcción”, explicó De Mari.

A esto agregó que municipios y agencias están encareciendo los proyectos más todavía, porque aprovechan las propuestas para exigir que el desarrollador incurra en mejoras costosas y no relacionadas con el proyecto, so pena de no aprobarlo si no las hacen. “Nos usan para arreglar las subestaciones eléctricas y subestaciones de bombas sanitarias”, mencionó como ejemplos.

“Entendemos que como ahora hay fondos para infraestructura las agencias deben ser más proactivas y mejorar esas instalaciones que tienen operando. Vimos con Fiona que el mantenimiento no es el adecuado”, expuso.

Cónclave sobre recuperación

Además de vivienda, la convención -que se celebrará en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones- contará con charlas y paneles enfocados en el estatus y los retos de la recuperación de Puerto Rico. Los temas abarcan energía, factores económicos que afectan la industria, protección costera y financiamiento.

Por el sector público estatal y federal, intervendrán Marion Mollegen McFadden, subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD); Pamela Patenaude, pasada secretaria adjunta del HUD; y William Rodríguez, titular de Vivienda estatal.

La actividad cumbre es el almuerzo de premiación que se celebra en el segundo día. En este evento, se reconocerán a personas, compañías o proyectos que se han destacado en categorías como impacto social, reconstrucción y gobierno.

Además, habrá espacios de socialización para cultivar conexiones. Por ello, De Mari indicó que la ACPR tiene una tarifa reducida para estudiantes de ingeniería y arquitectura: “Es muy importante que se vayan insertando en la parte profesional de la industria y vayan conociendo qué hay”.