Por aumentos en costos y múltiples retrasos en el manejo de los fondos federales de recuperación CDBG-DR, ahora solo se podría construir la mitad de los proyectos de vivienda subsididada y de interés social que se adjudicaron hace dos años.

“Habíamos calculado, el año pasado (2021), que los fondos daban para 17 de 24 proyectos sometidos”, informó Blanca Fernández, directora ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV). Ahora, la funcionaria estima que se podrán construir 12, “sujeto a los costos finales de cada proyecto y hasta dónde podamos estirar los fondos”.

Los proyectos, que habrían agregado 4,217 unidades para adultos mayores y personas de ingresos bajos, corresponden al Programa de Brecha CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés). Con $963 millones asignados, esta es una de las iniciativas aprobadas por el Departamento de la Vivienda federal (HUD) para la recuperación del huracán María.

AFV, adscrita al Departamento de la Vivienda (DV), es la entidad encargada de administrar el programa que, en resumen, aporta parte del capital necesario para construir apartamentos, égidas o residencias para poblaciones de necesidades especiales o ingresos bajos. El resto se cubre con los mencionados créditos LIHTC y con dinero privado.

“Es importante que se tome conciencia que el tiempo apremia. En las reuniones nos dicen que en el manejo de los programas se está gastando a la velocidad que se supone, pero sin lograr que se desembolsen. Hay que empezar a medir eso, a exigir métricas”, exhortó Fernando Sumaza, hijo, quien lidera el comité de mercado de renta de la Asociación de Constructores (ACPR).

“¡Si no se usa, ese dinero va a terminar perdiéndose!”, advirtió en entrevista separada Alejandro Brito, uno de los desarrolladores en la lista de proyectos seleccionados. Brito recordó que algunos fondos expiran tan pronto como a finales de 2025 y las construcciones multifamiliares pueden tomar de 1.5 a 3 años. “Ni un clavo se ha puesto”.

En su caso, espera por cierre para levantar una égida de 192 apartamentos en el casco de Guaynabo. Pero esta espera, explicó Sumaza, significa retener personal especializado aunque no estén trabajando a capacidad porque están reservando fianza y recursos para cuando por fin se liberen los fondos que llevan años esperando.

“Hablando como industria, somos un montón de desarrolladores y son más de $900 millones que se echarían a correr en la economía de Puerto Rico”, puntualizó.

Por su parte, Fernández atribuyó las demoras a que las guías del programa de brecha han sufrido cambios en los pasados dos años y a que los procesos de evaluación son complejos.

“Además de robustecer la capacidad interna, contamos con recursos externos que apoyan en distintos aspectos técnicos requeridos de los proyectos”, afirmó.

En la práctica, solo la égida Sagrado Corazón en Arecibo, que creará 120 unidades, se cerró el 31 de agosto.

A pesar de múltiples peticiones de Negocios, Fernández no pudo precisar cuánto personal tiene asignado al programa de brecha o cuánto ha invertido para aumentar capacidad.

Sobre este particular, el DV indicó mediante un portavoz que en el acuerdo de manejo del programa de brecha “1% (de los fondos están) destinados para gastos administrativos”. Mientras, a los desarrolladores participantes les corresponde ejecutar la obra, contratar personal de cumplimiento y costear los servicios de consultores técnicos y tarifas administrativas.

A su vez, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, rechazó que el programa de brecha esté detenido o en riesgo de que los fondos expiren: “Todos estos proyectos se van a dar. Que no le quede duda a nadie. Ha habido cambio de precio y costos, pero los programados que habíamos estimado se van a dar”.

Indicó que la meta es que los cierres se concreten en un plazo de 6 meses.

Complejo el uso de créditos LIHTC al 4%

Rodríguez explicó que en el programa de brecha la AFV está trabajando por primera vez en casi 20 años con créditos contributivos al 4%. La última vez, según dijo, fue entre 2003 y 2004, cuando se hizo una emisión de bonos para modernizar residenciales y se utilizaron LIHTC como parte del financiamiento. Lo usual es al 9%.

“No se pueden comparar con el 9%, en el que el proceso es más sencillo”, indicó.

Sin embargo, Sumaza planteó que aunque haya más complejidad, en Puerto Rico hay décadas de experiencia fondos y créditos federales: “Históricamente los proyectos de LIHTC del 9% se cerraban tres meses después de adjudicarse”.

“En este caso (del 4%), la notificación salió y se tomó un año la evaluación. Los proyectos se sometieron hace dos años”, contrastó Sumaza. A la vez, reconoció que de la AFV se ha estado recibiendo más comunicación en los pasados meses y “se está apuntando a cierres entre noviembre y diciembre”.

Precisamente con los LIHTC de 9% el programa de brecha tiene en construcción o rehabilitación 851 unidades. Sin embargo, se trata de proyectos que estaban encaminados antes del huracán María y se aprovechó la asignación federal para aportar a su financiamiento. Esto son el complejo de apartamentos y la égida Gautier Benítez, en Caguas; De Diego Village y Sabana Village, en San Juan; Hogar Manuel Mediavilla II, en Humacao; y San Blas Apartments en Coamo. Además de la égida en Caguas, los últimos dos son para adultos mayores.

La inversión total por estos proyectos se estima en $242.1 millones. De ese costo, la aportación de fondos CDBG-DR ronda los $90.9 millones, según el portal de transparencia del DV.

Cero unidades de interés social

Otro de los programas destinados a crear o rehabilitar techos seguros con fondos CDBG-DR es el de Vivienda de interés social, dotado con $32.5 millones. Este está diseñado para que organizaciones sin fines de lucro arreglen o construyan unidades para poblaciones como personas sin hogar, con enfermedades crónicas o que sean sobrevivientes de violencia de género, enumeró el secretario Rodríguez.

Cada recipiente puede recibir una subvención máxima de $2.5 millones por proyecto, de la cual 18% se asigna a partidas de gerencia e inspección, porque en este programa no hay un contratista encargado de administrarlo.

“Tenemos 18 proyectos seleccionados: 14 multifamiliares y cuatro que son ‘single family, de 43 que solicitaron”, precisó Rodríguez. En total se agregarían o optimizarían 256 camas y 183 unidades de vivienda en Bayamón, Caguas, Cataño, Guayama, Orocovis, Ponce, San Juan, Toa Alta, Trujillo Alto, Vega Alta.

Entre los beneficiarios figuran instituciones reconocidas como Hogar Ruth, Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar Crea y el Instituto Psicopedagógico.

El programa se abrió a solicitudes el 30 de abril de 2020 y las adjudicaciones se calendarizaron para el 31 de agosto de 2020, pero al día de hoy, ningún proyecto adjudicado ha comenzado.

“Hasta la última fecha que vi, estaban todos en fase de diseño”, confirmó.

El alcance de este reportaje no abarca otros programas de construcción o rehabilitación de viviendas amparados en legislaciones locales o la próxima ronda de fondos federales de recuperación CDBG que se han asignado para mitigación (CDBG-MIT) o tras el desastre de los terremotos ocurridos entre diciembre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Tampoco incluye iniciativas de vivienda de interés social al amparo de leyes estatales.