Washington D. C. - Bajo la orden del juez federal William Young, el gobierno de Estados Unidos deberá dar acceso inmediato a nueve personas – tres de ellas miembros de una familia-, a programas federales de bienestar social que no están vigentes en Puerto Rico.

La orden del juez Young obliga en estos momentos a los departamentos estadounidenses de Salud y Agricultura, y la Administración del Seguro Social, a dar acceso a los programas del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el subsidio para personas de escasos recursos (LIS) de la parte D de Medicare, para medicamentos recetados.

Para la población general, esos programas – a menos que el gobierno de Estados Unidos acuda al Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston-, tendrían que estar disponibles 60 días después que se publique la sentencia en el expediente del caso, de acuerdo al mandato del juez Young.

En Puerto Rico no existe el SSI, que se calcula tendría un impacto en la Isla de unos $1,800 millones anuales. Como alternativa, el Congreso ha permitido que los residentes de la Isla participen del Programa de Ayuda a Adultos Mayores, No videntes y Discapacitados (AABD), por el cual un beneficiario puede recibir solo una sexta parte del pago que ofrecería el SSI.

En vez del SNAP, que existe en los 50 estados, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, en Puerto Rico está vigente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La Cámara baja federal ha propuesto un aumento de $528 millones en el PAN de Puerto Rico, pero se estima que el SNAP representaría un incremento permanente en fondos de $700 millones anuales.

Mientras, el LIS solo existe en los 50 estados. También tendría un impacto de cientos de millones de dólares en la isla.

Los nueve demandantes del caso Peña Martínez versus Departamento de Salud de Estados Unidos son residentes de la Isla. Solo una de esas personas recibió alguno de los programas como residente de Nueva York:

Sixta Gladys Peña Martínez

• Tiene 74 años. Vive en Hato Rey. Si aún viviera en Nueva York, donde residió de 2008 a 2016, recibiría los beneficios del SSI y SNAP. En Nueva York tuvo acceso al SSI, unos $735 mensuales, y el SNAP, entre $10 y $198 mensuales. En Puerto Rico, en vez del SSI, recibe el AABD, que le entrega $40 mensuales. También, en vez del SNAP, recibe $134 del PAN.

Nélida Santiago Álvarez

• De 64 años. Vive en Toa Baja. Padece de asma, alta presión, y problemas cardíacos. Recibe $521 mensuales del PAN. Pudiera tener acceso al SSI y el SNAP de vivir en un estado.

María Luisa Aguilar Galindez

• Tiene 85 años, vive en San Juan. Pudiera tener acceso a los beneficios de LIS.

Gamaly Vélez Santiago

• De 36 años. Reside en Toa Alta. Obtiene mensualmente $499 del PAN para ella y sus cuatro hijos. De vivir en un estado, recibiría con toda probabilidad el SNAP.

La familia Ilarraza-Rosado

• Víctor Ramón Ilarraza Acevedo y Maritza Rosado Concepción, viven con su hija Rosa María Ilarraza Rosado en Toa Alta. Ilarraza Acevedo, de 50 años, sufre de bipolaridad, un disco herniado y dolor de cóccix. Su hija, de 24, tiene una discapacidad moderada. La familia recibe $410 mensuales del PAN, pero cualificaría para el SSI y el SNAP.

Ramón Luis Rivera Rivera

• De 59 años y residente de Toa Alta. Obtiene $64 del programa AABD y $112 del PAN. Pudiera obtener el SSI y el SNAP, de mantenerse la decisión del juez Young.

Yomara Valderrama Santiago

• Tiene 41 años, y vive en Toa Alta. Recibe $315 mensuales del PAN para ella y sus dos hijos. De haber acceso en la Isla a esos programas, recibiría con toda probabilidad el SSI y mayores beneficios de asistencia alimentario bajo SNAP.