Washington D. C. - El gobierno de Donald Trump tendría por lo menos 60 días para decidir si apela la decisión de un juez que ordena dar acceso a los residentes de Puerto Rico a tres programas federales de bienestar social, con un impacto en la isla de más de $2,500 millones anuales.

El juez federal William Young, asignado al Tribunal Federal de San Juan, determinó que es inconstitucional – por violar la igual protección de las leyes-, negar el acceso de los residentes de la isla a los programas del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y al subsidio para personas de escasos recursos (LIS) para adquirir medicamentos recetados través de la Parte D de Medicare.

La decisión de Young en el caso Peña Martínez versus Departamento de Salud federal ocurre en momentos en que el Departamento de Justicia estadounidense tiene pendiente si acude con un recurso de certiorari al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise el caso de José Luis Vaello Madero, en el que el Primer Circuito de Apelaciones federales declaró inconstitucional la exclusión de los residentes de Puerto Rico del programa SSI, que puede tener un impacto de cerca de $1,800 millones anuales en la isla.

Tras lograr una extensión de dos meses debido a la pandemia, el Departamento de Justicia federal tiene hasta el 7 de septiembre para decidir si apela la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en Vaello-Madero.

Ahora, se enfrentará también a la decisión del juez Young - quien tiene su curul en el tribunal federal del distrito de Massachusetts, en Boston-, que ordena dar acceso inmediato a los programas SNAP, SSI y LIS a los nueve demandantes del caso Peña Martínez versus Departamento de Salud federal.

Aunque no se trató de una acción de clase, Young emitió un mandato para que la decisión aplique a todos los residentes de Puerto Rico en un plazo de 60 días. Para entonces, Justicia federal habrá determinado el próximo paso en el caso Vaello Madero.

Bajo las normas federales, el Departamento de Estados Unidos tiene 60 días para apelar un caso civil. Ese plazo empieza a contar cuando el juez publique la decisión en el expediente del caso, indicó John Mudd, quien es el abogado de otra demanda ante el juez federal Gustavo Gelpí en la que se denuncia el trato desigual a Puerto Rico, en comparación con los estados, en programas de salud, como Medicad y Medicare.

Mudd destacó el conflicto que considera representa para el gobierno de Trump - cerca de las elecciones y con Florida como uno de los estados claves-, tener que argumentar ante el Tribunal Supremo estadounidense o el Primer Circuito, en ambos casos, que Estados Unidos “puede discriminar todo lo que le dé la gana” con los residentes de Puerto Rico.

Una posibilidad es que el gobierno federal quiera lograr un freno en la implantación del caso decidido por el juez Young.

“El impacto del caso Peña Martínez es casi equivalente a una acción de clase”, sostuvo el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, quien recordó que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González – quien respalda a Trump-, ha pedido al Departamento de Justicia federal no solicitar al Tribunal Supremo de Estados Unidos la revisión del caso Vaello-Madero.

Para el también abogado Rolando Emmanuelli, quien ha llevado casos de sindicatos que impugnan la ley Promesa, estos casos son un nuevo recordatorio al gobierno federal del problema de la relación colonial con Puerto Rico.

Al defenderse en el caso de Peña Martinez, que tiene nueve demandantes – incluida una familia de tres-, el gobierno federal insistió en que los residentes de Puerto Rico no deben tener acceso a esos programas por generalmente no pagar contribuciones federales sobre ingresos, el costo para el Tesoro y poder causar una ruptura en la economía puertorriqueña.

Pero, como hiciera el Primer Circuito en el caso de Vaello Madero, Young sostuvo que el argumento de que los residentes de la isla generalmente no pagan contribuciones sobre ingresos no se justifica pues son programas que “por definición” benefician a “personas pobres que generalmente no pagan impuestos sobre ingresos, no importa donde vivan”.

También rechazó el fundamento del costo que tendría para el Congreso incluir en esos programas a los residentes de la Isla, pues si hay restricciones presupuestarias, el legislativo federal puede hacer recortes por igual. “Querer reducir costos no puede explicar a quien se recorta”, subrayó Young.

Refutó además la teoría de que el acceso a esos beneficios puede desincentivar el trabajo, al indicar que el SNAP tiene requisitos de trabajo y citó un recurso de ‘amigo de la corte’ de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) que cuestionó la teoría de que el SNAP pueda representar un daño a la economía de la Isla.

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) también presentó un recurso de amigos de la corte en este caso en defensa del acceso en la Isla al SNAP.

El SNAP funciona en los 50 estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses.

En vez del SNAP, en Puerto Rico está vigente el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La Cámara baja federal ha propuesto un aumento de $528 millones en el PAN de Puerto Rico, pero se estima que el SNAP representaría un incremento permanente en fondos de $700 millones anuales.

Contrario a los 50 estados, Washington D. C. y las Islas Marianas del Norte, en Puerto Rico no existe el SSI, que se calcula tendría un impacto en la Isla de unos $1,800 millones anuales.

Como alternativa al SSI, el Congreso ha permitido que los residentes de la Isla participen del Programa de Ayuda a Adultos Mayores, No videntes y Discapacitados (AABD), por el cual un beneficiario puede recibir solo una sexta parte del pago que ofrecería el SSI.

El LIS - que solo existe en los 50 estados y la capital estadounidense-, tendría un impacto de cientos de millones de dólares en la isla.

En el caso de Vaello Madero, el gobierno federal buscó cobrarle unos $28,000 en fondos del programa SSI que continuó recibiendo al mudarse a Puerto Rico.

Los nueve demandantes del caso Peña Martínez no recibían los beneficios al momento de la demanda, aunque uno de ellos, Sixta Gladys Martínez Peña, obtuvo pagos de SSI y SNAP entre 2008 y 2016, cuando vivía en Nueva York.