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La riqueza natural es aliada de la recuperación

Las elecciones generales de este año ocurren en un contexto atípico, no solo por la pandemia - que ha trastocado la vida y economía - sino porque quienes gobiernen en el próximo cuatrienio requerirán visión estratégica para invertir partidas federales multimillonarias en la construcción de un Puerto Rico seguro y próspero. El conocimiento científico y ambiental ofrece el marco para que esa inversión logre su cometido.

La pandemia del COVID-19 ha mostrado la importancia de sumar la ciencia a la toma de decisiones que afectan todas las instancias de la sociedad. La misma regla aplica ante las amenazas ambientales y del cambio climático que enfrenta la isla.

Más de 50 entidades científicas, ambientales y comunitarias expusieron recientemente algunas de las áreas que identifican como de mayor prominencia a la hora diseñar un Puerto Rico para las próximas décadas, que sea distinto al que encontraron a su paso los huracanes Irma y María en 2017. En un debate organizado para conocer la visión de los candidatos a la gobernación al respecto, identificaron preocupaciones y alternativas de política pública en los renglones energético y de manejo del agua, de planificación, conservación, manejo de residuos sólidos, seguridad alimentaria y de gobernanza que propicie una recuperación beneficiosa para todos.

Han puesto en relieve que decisiones basadas en intereses particulares o cortoplacistas incidieron en que el azote de los huracanes causara tantas muertes y estragos económicos y materiales, y empeoraron la vulnerabilidad ante los eventos sísmicos y la pandemia.

Así, por ejemplo, han requerido de los candidatos respuestas sobre el cumplimiento de leyes establecidas, como la Ley federal de Aguas Limpias, que establece estándares de calidad de agua óptimos para las personas y el ambiente. La Agencia federal de Protección Ambiental ha multado a agencias estatales y establecido acuerdos de acción correctiva por incumplir la ley.

Otros estatutos pendientes de cumplimiento son el que estableció la política pública sobre el manejo de residuos sólidos, que dispone reducir y reciclar el 35% de estos materiales, y el Plan de Uso de Terrenos (PUT), resultado de un amplio proceso de consulta y participación ciudadana que traza el mapa para la reconstrucción. Los candidatos han sido alertados del repudio de científicos, planificadores y numerosas entidades, al Reglamento Conjunto 2020, que regiría la evaluación y el otorgamiento de permisos de desarrollo y usos de terrenos.

Por otro lado, han procurado conocer quiénes de los candidatos están dispuestos a invertir la reciente asignación de $10,000 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres para lograr los objetivos establecidos en la Ley de Política Pública Energética de 2017, que establece que Puerto Rico debe obtener el 100% de su energía de recursos renovables para 2050.

Asimismo, los candidatos a gobernar han sido confrontados con la meta global de alcanzar el 33% de áreas naturales protegidas para 2033. Quien reciba el favor de los electores tendrá la oportunidad de facilitar que el 17% actual aumente en el próximo cuatrienio.

En febrero pasado, un informe del Centro para el Clima y la Seguridad de Estados Unidos advirtió de amenazas, de altas a catastróficas, para la seguridad. Evitarlas requiere la rápida reducción y eliminación de emisiones de gas de efecto invernadero que aumentan los riesgos del cambio climático, y amenazan la estabilidad de la infraestructura, las instituciones y el ambiente.

Los problemas y las soluciones han sido identificados por la comunidad científica y ambiental, tanto aquí como en el resto del mundo. Hay propuestas fundamentadas y ofrecidas al liderato político, sobre quien recae la responsabilidad de estudiarlas y acogerlas como marco que dé coherencia a la inversión de los más de $20,000 millones disponibles para la recuperación de Puerto Rico.

Poner en primer plano la preparación para las amenazas climáticas y el valor de nuestra riqueza natural, construye la resiliencia necesaria para producir un país saludable, seguro y próspero.

 

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