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Frente común para detener la criminalidad en la isla

El reciente patrón de ejecuciones perpetradas en zonas concurridas, que incluye a víctimas mujeres y una matanza en una residencia cuya entrada fue forzada por los sicarios, confronta a Puerto Rico con el desgarre provocado por una criminalidad rampante que se nutre de niveles de impunidad inadmisibles.

Es tarea de las agencias de ley y orden tomar los pasos investigativos y procesales necesarios para aumentar significativamente el esclarecimiento de asesinatos. Este es un paso crucial en el esfuerzo para frenar la deplorable delincuencia que, además de segar vidas, coloca a niños y niñas a merced de las complejidades de la orfandad.

Al mismo tiempo, los recientes hechos delictivos deben mover a los ciudadanos, y a las autoridades, a desprenderse de toda actitud que tienda a normalizar la violencia. Nuestra sociedad no debe, de ninguna manera, suponer que eventos sangrientos como estos son inevitables porque pudieran estar vinculados al trasiego ilegal de drogas o armas. No debe haber espacio para la resignación en la lucha por erradicar las causas de la violencia, una de las cuales es el narcotráfico.

Los asesinatos registrados en las pasadas semanas incluyen el de una joven villalbeña ultimada de múltiples impactos de bala mientras manejaba su vehículo en dirección a su hogar. Nadie ha sido detenido por esos hechos. Se registró en Mayagüez un triple asesinato en el que una mujer de 30 años figuró entre las víctimas. En este caso, varios hombres armados penetraron a una vivienda y mataron a la fémina y su acompañante.

En las estadísticas preliminares de la Policía figuraban hasta ayer, lunes, 418 asesinatos, 39 de los cuales son de mujeres. Las pesquisas iniciales vinculan la mayoría de estos crímenes contra mujeres a la violencia de género. En otros, el móvil no ha sido determinado, y ciertos eventos se relacionan al narcotráfico u otras actividades delictivas.

La Policía reconoce que las organizaciones criminales en la isla se han tornado más violentas, y más propensas a atacar a familiares y allegados del blanco principal de los gatilleros.

En tal sentido, se impone que la Policía y las demás agencias de ley y orden modifiquen sus respuestas de investigación y retomen con mayor frecuencia los operativos contra el trasiego de armas y drogas. En este renglón, parte de las iniciativas relevantes recientes han estado a cargo del Negociado Federal de Investigaciones u otras agencias estadounidenses.

Es preciso que la Policía asuma una ruta investigativa robusta que permita el esclarecimiento de los casos y saque las calles a los asesinos que dejan una estela de dolor y crean un clima de inseguridad social. Las unidades investigativas requieren el trabajo minucioso de mentes indagadoras y una respuesta inmediata a las confidencias que arrojen información útil para avanzar en el esclarecimiento de los casos.

Sería válido explorar iniciativas de otras jurisdicciones, tales como la creación de comisiones de exfiscales, detectives y jueces jubilados, con la encomienda de revisar archivos de casos sin resolver. Estos grupos han sido efectivos para esclarecer expedientes y han motivado la productividad de divisiones investigativas.

Es preciso hacerle frente al crimen organizado y a sus diversas manifestaciones violentas, a fin de que la isla recupere la tranquilidad y paz social. Conviene reforzar también los programas de confidentes, de protección a testigos y los equipos forenses, cuyos exámenes científicos son determinantes para probar las acusaciones en el proceso de administración de la justicia.

Al mismo tiempo, se imponen respuestas integrales para atacar la raíz de la cultura delictiva. Buena parte está vinculada a la desigualdad y la marginación de sectores cuyas poblaciones más jóvenes pudieran ser presas fáciles de grupos delictivos.

La inseguridad pública retrasa el desarrollo de Puerto Rico. Combatirla, desde todos los frentes, es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad puertorriqueña.

 

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