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El liderato legislativo desvirtúa la misión pública

El liderato legislativo está distanciado de su responsabilidad de honrar el privilegio de haber sido elegido por el pueblo para cumplir la misión inquebrantable de proteger el interés público.

Ha abdicado a su deber de prevenir toda posible instancia de conflicto de intereses en el acceso a información confidencial, por parte de legisladores y empleados, a fin de que no privilegie el lucro particular.

El registro de una armería por parte de funcionarios del Senado, en momentos en que ese cuerpo proponía una nueva Ley de Armas en Puerto Rico, apunta a patrones, cuando menos, de negligencia, si no de oportunismo, ajenos a las normas de la sana administración pública.

Esta, la más reciente irregularidad conocida del Senado liderado por Thomas Rivera Schatz, se suma a un récord nefasto de negligencias o ilegalidades en la gestión pública, en la que la Asamblea Legislativa estelariza.

Instancias que hacen evidente la falta de pureza e integridad, en distintas ramas del gobierno, son la creación de compañías precisamente durante los cambios de administración y el acceso privilegiado a procesos e información gubernamental estratégica. Otras modalidades son la alteración de clasificaciones de negocios para suplir productos o servicios asociados a una emergencia o impulsar legislación hecha a la medida de intereses particulares.

Esta Asamblea Legislativa ha sido escenario de corrupción. El año pasado, tres personas, incluido el exdirector ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, admitieron culpas por 18 cargos sometidos por un Gran Jurado en un caso de empleados fantasmas en el Capitolio. En los últimos meses, dos senadores han sido arrestados y acusados de cargos tan graves como robo de fondos federales, soborno, lavado de dinero y fraude electrónico, por los que esperan su día en corte. Mientras, los representantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle enfrentan procesos judiciales federales, también por cargos de corrupción.

Legisladores de otras administraciones también han sido enjuiciados por actos que beneficiaron a particulares, incluidos inversionistas políticos. Un expresidente cameral se declaró culpable de negligencia en el cumplimiento del deber y violación al Código Electoral en un caso relacionado con contrataciones irregulares.

En la administración central de gobierno, también se han producido anomalías administrativas. Un ejemplo reciente ha sido el caso de las fallidas compras de pruebas de COVID-19 por parte de allegados y donantes políticos.

Es preciso que las autoridades investiguen las circunstancias de la participación de tres empleados de confianza del presidente senatorial en la creación de un negocio con potencial de beneficiarse con la nueva Ley de Armas. El país debe permanecer vigilante al proceder del liderato legislativo en situaciones de tanta seriedad.

Estas prácticas socavan la confianza pública en el gobierno, minan la credibilidad de la clase política ante el gobierno federal y los inversionistas, y roban derechos y oportunidades de paz y bienestar a los ciudadanos.

Un estudio de 2010, sobre corrupción gubernamental y estrategias efectivas, auspiciado por la Oficina del Contralor, propone, entre otras recomendaciones de sana administración, restablecer el principio del mérito y la profesionalización de la gestión gubernamental para garantizar un alto nivel de calidad gerencial. El estudio concluye que el liderato puede hacer una diferencia efectiva cuando crea una cultura organizacional que rechaza la corrupción y que premia a quienes tienen auténtica vocación de servicio público. Añade que si el gerente responde más a agendas privadas o político partidistas exclusivistas, los patrones de corrupción son más difíciles de detectar y dicho liderato puede causarles daños permanentes a las instituciones que dirigen.

El estudio destaca la importancia de la presión pública para impulsar esas transformaciones necesarias. A menos de dos semanas de las elecciones, esa responsabilidad puede ejercerse mediante un voto informado y consciente que rechace a quienes han usado su mandato para beneficios particulares, y que envíe un mensaje contundente de que los funcionarios son elegidos para servirle al pueblo con rectitud.

 

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