Capitolio de Puerto Rico.
Capitolio de Puerto Rico. (Ramón “Tonito” Zayas)

El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó hoy al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al secretario de ese cuerpo, Manuel A. Torres Torres, entregarle a la candidata a representante Eva Prados Rodríguez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), los datos sobre los salarios de los empleados de la cámara Alta.

Cuevas Ramos declaró no ha lugar la moción de desestimación que había solicitado el presidente senatorial y expidió la orden de Mandamus peticionada por Prados Rodríguez para “que procedan inmediatamente, y sin demora alguna” a entregar la información requerida.

El presidente del Senado aducía que la información sobre los salarios de sus empleados es “confidencial por disposición de ley y producir la misma viola el derecho de privacidad de terceros”.

Mientras que Prados Rodríguez sostenía que la información era pública, de alto interés para el pueblo, que no está protegida por confidencialidad o privilegio alguno y que tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información

En su sentencia, el juez Cuevas Ramos le dio la razón a la también portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.

“Que bueno que el tribunal confirma que esto es una información pública”, reaccionó la candidata de MVC. “Celebramos esta gran victoria para el pueblo de Puerto Rico, porque siempre dijimos que esta información tiene que estar disponible para todo el pueblo, no solo para Eva Prados”.

La también abogada, quien fue representada en el Tribunal por Luis Jose Torres Asencio, reclamó al presidente del Senado que no dilate más la entrega de la información y confía en que no regrese al Tribunal en apelación a esta determinación judicial.

De igual manera, espera que ante la orden de Mandamus expedida al Senado, la Cámara de Representantes también haga accesible la información sobre los salarios de sus empleados, lo que tampoco han sido divulgados.

“Es hora que esa informaciones esté disponible”, dijo Prados Rodríguez.

Al cierre de esta edición no fue posible obtener una reacción del Senado solicitada por este diario a través de Wanda Nazario, oficial de prensa de Rivera Schatz.

En la exposición de derecho de la sentencia, el juez recuerda que el acceso a la información “es uno fundamental de estirpe constitucional, que está firmemente ligado al ejercicio de los derechos de libertad de palabra, prensa y asociación”.

De igual manera, Cuevas Ramos menciona en su escrito que el Tribunal Supremo ha sostenido que el Estado “no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”.

“Dado que con el acceso a la información pública se abona a la transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración pública, las restricciones gubernamentales a tal acceso deben estar debidamente justificadas”, lee la sentencia. “Pues, cuando el Gobierno niega injustificadamente el acceso a la información lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados”, añade el documento judicial.

Cuevas Ramos sostuvo que no toda la información contenida en los expedientes de personal es confidencial y que ciertamente los salarios, nombres y puesto que ocupan los funcionarios de gobierno no lo son.

“El sueldo de un empleado del Gobierno surge del contrato que este y la entidad para la cual trabaja acuerdan”, menciona la sentencia. “La expectativa (de intimidad) que pueda tener un empleado del Gobierno tiene que ser reducida puesto que tales salarios se costean con fondos públicos”, agrega.

Al juez tampoco le convenció el argumento del Senado de la supuesta onerosidad para el Estado y para los empleados el acceder a que la información fuera pública.

“La onerosidad de recopilar la información no es un interés apremiante que va por encima del derecho fundamental de los ciudadanos a tener acceso a la información pública, menos aún en los tiempos presentes”, sostiene la sentencia.