Gabriel Hernández, socio administrador de BDO Puerto Rico.
Gabriel Hernández, socio administrador de BDO Puerto Rico. (ELNUEVODIA.COM)

Tras el socio administrador de BDO Puerto Rico Gabriel Hernández ser arrestado por agentes federales, el magistrado Marcos E. López le fijó esta tarde una fianza de $250,000 y le prohibió que continúe asesorando a clientes.

No obstante, López autorizó al contador público autorizado (CPA) a reunirse con sus compañeros de trabajo para organizar una transición ordenada para que el resto de los empleados de la firma BDO atiendan sus clientes. Hernández no podrá ofrecer ningún tipo de servicio de asesoría y planificación financiera.

Un gran jurado federal acusó a Hernández de 10 cargos de fraude electrónico en violación al Título 18, Sección 1343 del Código de Estados Unidos. De ser encontrado culpable, Hernández podría recibir una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa de hasta $250,000, según informó la Fiscalía Federal mediante comunicación escrita.

Hernández se declaró no culpable, por lo que deberá presentarse mañana ante el oficial probatorio. Tampoco podrá viajar fuera de Puerto Rico sin la autorización del tribunal federal y deberá entregar su pasaporte.

El magistrado se mostró preocupado de si Hernández seguiría trabajando como CPA habida cuenta que en la acusación en su contra se le imputan cargos serios en un esquema para defraudar.

Este es el segundo arresto de un socio de la firma de contabilidad BDO en un año, tras la detención de Fernando Scherrer el verano pasado por un caso de fraude que vincula a la exsecretaria del Departamento de Eduación, Julia Keleher.

“Como he dicho en el pasado, exhortamos a las personas involucradas en esquemas de fraude a entregarse, y eso incluye a personas que utilizan las leyes de impuestos de Puerto Rico para evadir el pago de contribuciones federales. Este caso también debe servir como una advertencia para cualquier persona que busque evadir el pago de impuestos mediante la manipulación ilegal de las leyes tributarias de Puerto Rico”, sostuvo el jefe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

Según el contenido del pliego acusatorio, Hernández, supuestamente, creó un esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento de Tesoro federal mediante la entrega de documentación al gobierno de Puerto Rico con información falsa con el propósito de beneficiar, de forma fraudulenta, a una Compañía A y eximirla del pago de impuestos federales mediante los postulados de la Ley de Exportación de Servicios, también conocida como la Ley 20/22.

Dicha ley ofrece incentivos a compañías puertorriqueñas para la exportación de servicios a otras jurisdicciones. Los beneficios sobre los ingresos derivados de clientes fuera de Puerto Rico en relación con servicios ofrecidos desde la isla incluyen una tasa de impuesto fija del 4% en servicios exportables elegibles, una exención del 100% en los dividendos de ingresos y ganancias, y una exención del 60% en el pago de impuestos municipales.

De acuerdo con el pliego acusatorio, en diciembre de 2018 Hernández fundó la Compañía A en Puerto Rico por solicitud de un agente encubierto del IRS que posó como un negociante acaudalado de Arizona. En diciembre de 2019, Hernández causó que se preparara y sometiera una solicitud de exención contributiva ante el Departamento de Hacienda en el que reclamó, falsamente, que la Compañía A registró ganancias de $500,000.

Además, Hernández, supuestamente, causó que se preparara y sometiera una Declaración de Volumen de Negocio falsa al Municipio de San Juan con ganancias inventadas. De esta forma, Hernández y otras personas se lucraron ilegalmente mediante el esquema al recibir pagos a cambio de actos fraudulentos.

Del mismo modo, el pliego acusatorio sostiene que Hernández defraudó al IRS y evadió el pago de impuestos mediante transacciones financieras falsas.