Candidatos durante el debate (Xavier J. Araújo Berríos)

A menos de dos semanas del día de las elecciones generales, los seis candidatos a la gobernación de Puerto Rico intentaron plasmar sus propuestas en temas medulares en el último debate de cara a los comicios del 3 de noviembre.

El debate, que comenzó a las 6:00 p.m. hasta las 8:00 de la noche, fue de una alianza entre Telemundo, El Nuevo Día y WKAQ 580 AM.

Participaron Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD), Alexandra Lúgaro, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad y Eliezer Molina, candidato independiente.

El encuentro se dividió en cuatro temas principales en los que cada candidato tuvo la oportunidad de exponer sus propuestas. Estos son: desarrollo económico; COVID-19 enmarcado en salud y educación; corrupción; y status. A continuación, un resumen de las propuestas por tema:

Desarrollo económico

La candidata del MVC, Alexandra Lúgaro, rechazó la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de privatizar el proceso de reclutamiento en el gobierno, al entender que el sector privado también ha sido parte de la corrupción y añadió que el ente fiscal ha gastado $360 millones en contrataciones. “Privatizar el reclutamiento implicaría pensar que el sector privado no es parte del inversionismo político que nutre la corrupción en el gobierno”, sostuvo.

Presentó entonces su plan bajo el MVC de “El gabinete”, una iniciativa de reclutamiento basado en méritos que incluye a los funcionarios que estarían al mando de las agencias.

También, a preguntas sobre si su administración haría una transición de un gobierno capitalista a uno socialista, prefirió alejarse de las etiquetas y apuntó que muchos países presentan modelos híbridos con iniciativas de desarrollo de capital y sistemas sociales, pero reafirmó que, en su gobierno “estamos a favor de que los servicios esenciales (como educación y salud) permanezcan en manos del gobierno”.

Por su parte, Carlos Delgado Altieri defendió su propuesta de cancelarle el contrato a Luma Energy al decir que los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica tendrían que pagar $54 millones por los servicios de LUMA si no se cumplen las metas de ahorro. Sin embargo, según el Negociado de Energía, esa petición no necesariamente sería aprobada por el ente.

Pierluisi refutó la contestación del candidato del PPD y sostuvo que desde el primer día fiscalizaría la alianza público privada con LUMA, “para asegura que baje el costo de la luz” y se protejan a los empleados de la AEE y sus pensiones.

De otro lado, Delgado Altieri, al ser cuestionado sobre sus propuestas concretas para lograr esa “segunda transformación” que menciona constantemente sin que eso lleve a la isla a la quiebra, dijo que la crisis económica empeoró en los años 90 con “malas decisiones y mala administración”. Sostuvo que buscaría capitalizar el Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) e impulsaría las pymes.

Cabe destacar que la deuda extraconstitucional se comenzó a acumular durante el cuatrienio entre el 1973 y 1976, liderado por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón, luego que autorizara usar préstamos para cubrir los gastos operacionales del gobierno, reseñó El Nuevo Día en el fact-cheking del debate.

El candidato independiente, Eliezer Molina, por su parte, apostó por el desarrollo de una industria manufacturera puertorriqueña y fomentar la contratación de ciudadanos en el país por parte de empresas privadas para evitar la fuga de capital.

Sobre el aumento de crímenes violentos, el candidato independiente dijo que primordialmente había una falta de recursos para los agentes del orden público y una falta de educación.

Por su lado, Juan Dalmau, del PIP, defendió su propuesta de reducir la jornada laboral a cuatro días, manteniendo los salarios. Sostuvo que su propuesta rompe “con el paradigma que nos ha llevado a la quiebra y la crisis fiscal” y que establecería un 10% de contribución a toda corporación que permitiría bajar de un 30 a un 10% de contribución a las pymes. Eso, dijo, permitiría tener un fondo que establezca, a base de la competitividad, mejores condiciones para los trabajadores.

De paso, reafirmó su plan de derogar la reforma laboral. Su contrincante por el PNP, Pedro Pierluisi, argumentó sobre este tema que la reforma laboral tenía puntos positivos y aunque se negó a decir que la derogaría, sostuvo que la “mejoraría en aquellos puntos donde hay que mejorarla”.

Pierluisi intentó en varias ocasiones distanciarse del gobierno actual, liderado por su propio partido, y dijo que su trayectoria era su mejor carta de presentación.

Mientras, preguntado sobre si apoyaría impulsar el turismo gay en la isla, ante el impacto económico millonario que ha tenido en otros países, el candidato de Proyecto Dignidad se limitó a decir que las puertas de su partido “estarían abiertas para todo el mundo, independientemente de cuáles sean sus conductas particulares. El que venga a Puerto Rico y quiera disfrutar de sus encantos, bienvenido”.

En cuanto a las propuestas concretas de su partido para atajar la pobreza infantil y la pobreza extrema, que le cuesta a Puerto Rico $4,000 millones anuales, Vázquez apuntó que la prioridad es la creación de empleos y que se liberen los fondos CDBG para estimular la economía.

Pandemia

A preguntas sobre cómo y cuándo reabriría las escuelas públicas ante la pandemia, Lúgaro sostuvo que para reabrir se necesita el insumo del Colegio de Ingenieros para evaluar la estructura de las escuelas y recuperar escuelas cerradas para disminuir la cantidad de estudiantes por salón y permitir un mayor distanciamiento. Destacó que, como medidas inmediatas, “acabaría de imprimir los módulos” de Educación, buscaría la manera de transmitir contenido educativo por WIPR para todas las materias y proveería computadoras con programas para los estudiantes, así como cerrar la brecha digital.

La candidata también señaló que su gobierno no pretende desmantelar los programas que ahora mismo estén siendo efectivos, sino que se llevaría a cabo una evaluación para darle continuidad o mejorar los servicios, lo que, a su juicio, no ha ocurrido con los partidos de mayoría y su “cultura de sacar y destruir lo que hizo el partido anterior". “Lo que sea bueno, se acepta”, agregó.

Por su parte, Molina refutó la contestación de Lúgaro al decir que los estudiantes de educación especial no pueden depender solo de clases por televisión, si no que requieren atención presencial. Destacó también que hay que desarrollar las escuelas para resolver el problema de columna corta. El candidato independiente, quien no fue categórico en si favorece o no la vacunación “porque eso está en libre albedrío”, prometió que procurará que las aseguradoras de salud cubran el costo de las pruebas de COVID-19.

Delgado Altieri, por su lado, señaló que aunque su plan de educación no lo menciona categóricamente, sometería a los estudiantes y maestros a pruebas de COVID-19 previo a la reapertura de escuelas. “Siempre tienen que estar presentes las pruebas, esa es la parte más importante. Las pruebas son base para poder tener una respuesta acertada a esta pandemia y con esa información se toman las decisiones de desarrollo económico”. No precisó cuan frecuentes serían esas pruebas y cómo tener acceso a las pruebas necesarias.

También, en cuanto a los profesionales de la salud, favoreció que el aumento a enfermeros y enfermeras sea inmediato y no entre el 2022 y 2023 como hasta ahora está propuesto.

A preguntas sobre la atención que requieren -y que ha quedado rezagada- los estudiantes de educación especial en la pandemia, el candidato del PNP, Pierluisi, de otro lado, no contestó directamente a la pregunta y esbozó sus propuestas de manera general como “un sistema de detección temprana de las condiciones en cada estudiante y la permanencia a los maestros y asistentes de servicios especiales".

En cuanto a la reapertura de escuelas, Pierluisi apoyó una reapertura gradual y parcial del sistema de educación. “El rezago que está ocurriendo es una tragedia social”, sostuvo, al agregar que “esto no es cuestión de fondos, lo que hay que hacer es ejecutar”. Agregó que “la pobreza causa problemas de salud” para oponerse a cierres por riesgo de contagios de COVID.

Dalmau insistió en su propuesta de derogar la Ley 80 de 2017 que “entregó PrepaNet a manos de compañía de telecomunicaciones”. Sobre la vacunación futura para el COVID-19, el candidato del PIP dijo que su partido “presentó legislación para que cuando está la vacuna (contra el COVID) disponible el gobierno la haga accesible al país”. No obstante, el gobierno local depende de las directrices que tome el gobierno federal al respecto, que ya ha anticipado que la prioridad en la vacunación serán los primeros respondedores y los profesionales de la salud.

César Vázquez, por su parte, vinculó el regreso a clases con pruebas serológicas y diagnósticas del COVID-19. En cuanto al tema de la accesibilidad al internet, propuso un la creación de “un salón de tecnología con internet por satélite” porque el estipendio del gobierno no sirve para mucho si no hay acceso al internet en las comunidades.

Corrupción

Sin duda alguna, la corrupción fue el tema que más discusión y careo levantó entre los candidatos.

“Yo no soy parte del gobierno, yo no soy incumbente. El partido es una cosa, el gobierno es otra”, manifestó Pierluisi al intentar distanciarse una vez más de la administración actual en manos del PNP. Apuntó que bajo los puestos que tuvo en otros cuatrienios, de secretario de Justicia y comisionado residente, no hubo señalamientos en su contra y que como gobernador, tendría cero tolerancia a la corrupción que en principio, a su juicio, se trata de “una falta de valores”.

“Se habla de que la política es una cosa y el gobierno es otra. ¿En serio? Cuando vemos al PNP que no sabe distinguir entre una cosa y otra y se han llevado enredado a las instituciones de este país, metiendo la la política en esas instituciones”, señaló Delgado a la contestación de Pierluisi.

El candidato popular, de paso, afirmó que nunca se había visto tanta corrupción como en este cuatrienio y similar a la postura de Pierluisi, dijo que no se trata de manchar a los partidos políticos porque los actos de corrupción son cometidos por seres humanos. “Propongo tener una responsabilidad directa como gobernador. Que desde Fortaleza tenga un grupo de trabajo para identificar actos de corrupción, incluyendo presencia federal”, sostuvo.

Lúgaro tomó un turno de refutación para señalar que “ninguno (de los candidatos penepé y popular) llega con las manos limpias” y llamó “usurpador” a Pierluisi por asumir la gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló. Dijo que su partido propone un proyecto legislativo para reducir los empleados de confianza, regular los topes salariales y evitar que funcionarios dentro del gobierno se conviertan en cabilderos.

Mientras, Dalmau anotó que la corrupción sí tiene partido y que el suyo nunca a sido señalado.

Pierluisi intentó atacar a Dalmau al alegar el PIP ha tenido casos de corrupción gubernamental por los cargos en contra del exrepresentante Hiram Meléndez, pero como apuntó El Nuevo Día en su fact-cheking y rebatió Dalmau, los cargos en contra de Meléndez, por uso indebido de una tarjeta de crédito, fueron cuando era administrador de la ACAA bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y ya no militaba en el PIP.

Molina, en su turno, insistió en su propuesta Oficina de Evaluación y Cumplimiento para acabar con la corrupción y “evitar el exceso de contratación en las corporaciones públicas”.

Vázquez, quien se mantuvo al margen del careo entre el resto de los candidatos, esbozó que Proyecto Dignidad parte de “la indignación que tenemos como pueblo porque se ha creado una deuda de la cual nosotros no gastamos un centavo pero ahora la tenemos que pagar... la tristeza que sienten los jóvenes y pensionados”.

(teresa.canino@gfrmedia.com)

Status

Delgado insistió en el desarrollo del Estado Libre Asociado que definió como “tener una relación digna con los Estados Unidos”, donde Puerto Rico “tenga algo que opinar” sobre los trámites en el Congreso referentes a la isla.

Lúgaro, por su parte, reafirmó que el plebiscito del Sí o No del 3 de noviembre es inconsecuente y que en su lugar propone una asamblea constitucional cuyo resultado sea vinculante. Reconoció que haría todo lo que esté en sus manos para cumplir con la voluntad del pueblo, incluso si en esa constituyente que propone prevalece la estadidad.

De manera similar, Dalmau propuso una asamblea de descolonización “para que vayamos en conjunto para atender este problema antidemocrático” y criticó, por otro lado, que Joe Biden habla del status de Puerto Rico ahora cuando no hizo nada en cuanto al tema durante 40 años como funcionario.

Pierluisi, entretanto, afirmó que “nuestra puertorriqueñidad no es negociable” y descartó ceder a cualquier pedido del Congreso para que antes de Puerto Rico ser estado tenga que dejar de tener el español como uno de sus idiomas oficiales. El candidato utilizó de ejemplo Nuevo México, al que se le impusieron condiciones de idioma que luego al ser estado cambió. También comparó los referéndums proestadidad en Hawai y Alaska con el que celebrara Puerto Rico el 3 de noviembre, un plebiscito que el resto de los candidatos (menos Delgado Altieri) han catalogado de inconsecuente.

Por su parte, el candidato independiente mencionó que no votará en el plebiscito porque es inconsecuente. Planteó en su lugar que "desarrollemos nuestra industria nacional para evitar la fuga de capital y aumentar la exportación. “Pierluisi trae y habla mucho de la Ley 22, los multimillonarios que traen. Si Puerto Rico fuese estado, ellos no van a tener ese beneficio contributivo, los están engañando, estadistas”, señaló.

Con información de los periodistas José A. Delgado, Benjamín Torres Gotay, Ricardo Cortés Chico, Wilma Maldonado, Laura M. Quitero, Keila López Alicea, David Cordero Mercado, Gerardo Alvarado y Marga Parés.

Aquí podrás repasar el “fact-checking” de El Nuevo Día: