La propuesta, según Alberto Bacó, ayudará a la Isla a desarrollarse económicamente. (Archivo GFR Media)
Alberto Bacó ha promovido desde el sector público y el privado la efectividad de los incentivos a inversionistas residentes (antes Ley 22) y por exportación de servicios (Ley 20), por entender que inyectan dinero nuevo a la economía local.

El exsecretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó Bagué, urgió hoy al gobierno a robustecer la fiscalización de a quiénes y cómo conceden decretos bajo el nuevo Código de Incentivos, en particular cuando se trata de exportación de servicios (antes Ley 20) y relocalización de inversionistas (antes Ley 22).

Su llamado se produce a la luz del arresto del socio fundador de la firma BDO, Gabriel Hernández, a quien las autoridades federales le imputan haber registrado en diciembre de 2018 una compañía en Puerto Rico para que un empresario residente en Arizona se beneficiaria de privilegios contributivos sin realmente haber generado el ingreso en la isla. El supuesto empresario, en realidad, era un agente encubierto del Servicio federal de Rentas Internas (IRS), según el pliego acusatorio en contra del reconocido CPA y asesor financiero.

Bajo la jefatura de Bacó en el DDEC, entre 2013 y 2016, el otorgamiento de decretos por las leyes 20 y 22 ganó tracción, toda vez que estos estatutos se aprobaron en 2012, último año de la gobernación de Luis Fortuño. Bacó – durante la administración popular de Alejandro García Padilla – las acogió por entender, según reiteró hoy, que juntas constituían “un programa extraordinario".

¿Cuál es su impresión inicial sobre lo que se ha hecho público en el pliego acusatorio contra Hernández?

“Mi primera reacción de indignación, de frustración, porque entiendo que es un programa extraordinario que está trayendo muchas cosas positivas a Puerto Rico. Y desafortunadamente se malentiende por algunas personas y se utiliza abusivamente por otras. (…) Se malentiende por personas que no han profundizado, que entienden que es injusta porque se les da exenciones a unas personas, pero no le dan peso a lo que están trayendo a nuestro entorno y a mejorar la economía. Y cuando digo que me indigna y frustra, por otro lado, es por las personas que abusan de esta ley. Todo tipo de legislación tiene potencial de abusos, fraudes. En esta en particular al gobierno le toca un peso grande asegurarse que eso se minimiza. Siento que se perdió el norte”.

¿Algún comentario sobre las imputaciones específicas que se le hacen a Hernández ?

“A Gabriel le asiste el derecho a no ser prejuzgado, a defenderse, pero ciertamente (a BDO) se le conoce como una firma que ha sido extremadamente agresiva en sus opiniones y el manejo de sus clientes. En la comunicada profesional de CPA y de abogados es de conocimiento común”.

¿Cree que hay asignaturas pendientes para el gobierno estatal en cuanto a cómo se fiscalizan los decretos bajo las leyes de incentivos?

“Voy a ir bien al grano. Con datos. Lo primero es que a todo mi equipo de trabajo en el DDEC, que hoy todos están en muy buenas posiciones en el sector privado, yo les repetía que este programa se prestaba para que personas inescrupulosas cometieran fraude. Y que el día que pasaran sin detectarse los fraudes, ese día los enemigos del programa iban a salir con una razón de peso para atacar el programa. Hacíamos unas cosas que yo no sé si las están haciendo o no. Pero ciertamente he escuchado que, con el afán de tener mas y mas decretos, las han dejado de hacer”.

“El ‘fee’ que se cobra por solicitar, la razón de ser de ese cargo, era para hacer las investigaciones pertinentes. Con una firma seria de background check se le hacía y de ahí detectamos muchos casos con las que denegamos los decretos. Tenía un equipo completo dedicado a eso y no sé si dejó de hacer el proceso así de riguroso. Lo segundo sí me consta que lo dejaron de hacer y la ley lo pedía así: Auditar anualmente cada decreto. Teníamos auditores externos para eso. Ahí se darían cuenta de cuales no tenían presencia en Puerto Rico. En la ley 60, para añadir insulto al insulto, eliminaron el requisito de auditoría. (…) Me apena mucho porque es una cosa básica y era con el mismo dinero que se recauda con los cargos que se cobran a estas compañías”.

“Lo último que se eliminó y se cambió es, por lo menos, requerir uno, dos, o tres empleados. Quizás se nos fue la mano cuando exigíamos cinco. ¿Pero que no se les exija ninguno? En este caso se está planteando que se hizo una compañía fantasma, sin empleados ni presencia aquí, con asesoramiento para que cometieran fraude. La exigencia de empleados ayuda a que exista una presencia real”.

En este cuatrienio, como persona privada, se ha mantenido activo promoviendo a Puerto Rico como destino de inversión ¿Cómo estima que afectará un caso de fraude como este la percepción sobre el ambiente de hacer negocio en la isla, que sabemos ya está golpeado por la crisis fiscal, los desastres naturales y los casos de corrupción pública?

“Desafortunadamente, nos seguimos autoinfligiendo heridas. En este caso muy particular, por la avaricia de una firma que tiene tantos clientes buenos. (…), que está supuesta a dar credibilidad. Hay que exigirle a los profesionales que trabajan con el programa que lo protejan, que no sean excesivamente agresivos en el asesoramiento. Pero no es un daño que no se pueda sobrepasar. En mi caso y el otros profesionales vamos a ser más proactivos para educar, para que se entienda el programa. Sé de las miles de familias, porque ya no son cientos, que se están beneficiando de la actividad económica que estos nuevos residentes han traído a Puerto Rico. Sé de las personas que estén empleando. Aquí queremos al que se muda de verdad. No al que abre pasajes sin fecha de regreso para decir que está aquí pero no lo está”.

La acusación de Hernández por supuestamente defraudar al IRS se divulga a días de que el Departamento de Hacienda requiriera una aclaración del Departamento federal del Tesoro, por un borrador de reglamento que apuntaba a que las empresas foráneas que pagan 4% de arbitrio aquí no podrían reclamar ese cobro como un crédito en sus planillas federales. Por el momento, el Tesoro indicó que el cambio no aplicará a Puerto Rico, aunque en 2019 sí pidió al gobierno que armara un plan de transición para ese arbitrio, que hoy inyecta casi $2,000 millones para el erario. ¿Algún comentario sobre esta tendencia del IRS a examinar más de cerca los mecanismos tributarios que Puerto Rico usa como herramientas de impulso económico?

“Esto es lo profundo y lo importante de esta situación. Por nosotros no defender claramente la sección 936, los enemigos la eliminaron sin en realidad haber entendido que iban a eliminar 80k empleos que se fueron para Irlanda y Singapur. Se vuelve a repetir la historia de poner una lupa en Puerto Rico sobre nuestra credibilidad, sobre cómo hacemos las cosas y eso me frustra. El IRS ha puesto la lupa sobre Puerto Rico. No podemos tomarlo como algo ligero. Hay que demostrar que este programa (de leyes 20 y 22) tiene impacto, que estamos trayendo actividad económica que no vendría a Puerto Rico de otra forma y que nosotros mismos lo estábamos velando. Hay que volver a subir la guardia”.

De ser encontrado culpable por los 10 cargos de fraude electrónico que se le imputan, Hernández podría recibir una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa de hasta $250,000, según informó la Fiscalía Federal mediante comunicación escrita. En el pliego acusatorio se alega que Hernández gundó la Compañía A en Puerto Rico en diciembre de 2018, por solicitud de un agente encubierto del IRS que posó como un negociante acaudalado de Arizona. En diciembre de 2019, Hernández causó que se preparara y sometiera una solicitud de exención contributiva ante el Departamento de Hacienda en el que reclamó falsamente que la Compañía A registró ganancias de $500,000.