Ada Norah Henríquez, candidata a la comisaría residente por Proyecto Dignidad. (Facebook) (ELNUEVODIA.COM)

Washington D.C.- Ada Norah Henríquez quiere añadir a las tareas de la comisaría residente en Washington vigilar el uso adecuado de los fondos federales que el Congreso asigna a Puerto Rico.

Por entender que el pueblo ha perdido la confianza en sus instituciones, Henríquez, candidata del Partido Proyecto Dignidad a la Cámara baja federal, sostuvo que fiscalizará al Ejecutivo y los gobiernos municipales para que los fondos aprobados lleguen a su destino.

“No debemos esperar a que se pierdan esos fondos”, indicó Henríquez, luego de que el gobierno de Puerto Rico informara que dejó sin utilizar durante el pasado año fiscal federal $1,000 millones en fondos de Medicaid.

En entrevista con el Podcast “Desde Washington, Henríquez dijo que tiene la esperanza de que el próximo cuatrienio – cuando todo indica seguirá vigente la Ley Promesa- se puedan sentar las bases sobre cómo encaminar una solución al problema del status.

Puedes escuchar aquí la entrevista:

Hasta la década pasada, la candidata del Partido Proyecto Dignidad estuvo afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP) y como estadista no dejó duda de que votará favor de la estadidad en el referéndum del 3 de noviembre.

Acentuó, no obstante, que las expresiones de republicanos y demócratas hacen claro que “no hay ambiente ni disposición” en este momento para admitir a Puerto Rico como estado de Estados Unidos.

Henríquez, abogada especializada en quiebras, afirmó que es necesaria una negociación con el Congreso para que se definan las alternativas de status que deben ser presentadas en un próximo referéndum vinculante para el gobierno federal.

Durante el próximo cuatrienio, “quizá pudiera ser viable que nos sentemos a establecer los planes de transición” que deben aplicar a cada alternativa que busque un cambio de status, como la “estadidad, la independencia y la república asociada”, expresó.

Henríquez fue directora de la división Legal de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI) durante el gobierno de Luis Fortuño.

Pero, salió de allí después de que, según alega, el entonces presidente de la Junta de Directores de la AFI, José Ortiz -, solicitó que autorizara un desembolso de $21 millones el cual para ella no tenía justificación debida. “La hija de Adela y Norberto fue enseñada muy bien lo que es la honestidad… Terminé desempleada”, sostuvo.

Henríquez dijo que rechaza la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico, pero considera que el mecanismo que impuso una moratoria en el cobro de deudas del gobierno, y el sistema de bancarrota territorial que estableció para reestructurar la deuda pública, ha dado un respiro a la isla.

“Si hubiésemos administrado bien no estaría ahí”, sostuvo, al indicar que la meta debe ser terminar con la vigencia de la JSF lo más pronto posible, pues el ente fiscal “no ha hecho nada” y los funcionarios electos la utilizan como “justificación para no administrar bien”.

Con respecto a las normas de cabotaje, Henríquez sostuvo que se debe ordenar un nuevo estudio que fundamente lo que le parece evidente, que el requisito de utilizar exclusivamente barcos de matrícula, propiedad y tripulación estadounidenses encarece el precio de los productos que llegan a la Isla desde Estados Unidos.

“El costo (de la compra) es demasiado alto”, señaló.

La candidata a Washington del Proyecto Dignidad no prevé afiliarse al caucus republicano de la Cámara baja, de ser electa el 3 de noviembre, aunque reconoce que sus ideas le acercan a ese partido estadounidense.

Si tuviera derecho al voto por el presidente de Estados Unidos, está segura de que no favorecería al candidato presidencial demócrata, Joe Biden.

A Henríquez le preocupan las “representaciones que han hecho nuestros gobernantes ante el gobierno federal”.

Por ejemplo, dijo que el gobierno del PNP no pudo desembolsar con rapidez la asistencia federal por desempleo de la ley Cares, para suavizar el impacto del coronavirus, pero entregó “en cuestión de horas” $19 millones para un contrato fallido de pruebas de diagnóstico del COVID-19 “sin verificar que se cumplían con requisitos mínimos”.